Mientras los miembros de la Policía, arriesgando su vida, capturaban a peligrosos delincuentes, algunos jueces los liberaban en forma inmediata, ante el asombro e indignación de los ecuatorianos. También, delincuentes y políticos abusaban de las garantías jurisdiccionales y obtenían sentencias favorables; para colmo de males, compartían los mismos abogados y los beneficios provenían de los mismos jueces.
El Caso Metástasis y el proceso penal que está impulsando la fiscal general del Estado nos ha permitido atar cabos sueltos y obtener respuestas a la inusual actuación de los operadores de justicia de nuestro país. Ahora todo está más claro: el crimen organizado trasnacional ha logrado reclutar para su impunidad a jueces, fiscales, servidores judiciales, policías, servidores del SNAI, periodistas y políticos en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado. En otras palabras, aunque muy duras, podemos afirmar que el Ecuador ha pasado de ser una “isla de paz” a un “paraíso de la mafia”. Desmantelar el narcoestado se convierte en la prioridad de las autoridades públicas, sistema de justicia, fuerza pública, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. ¿Es posible? Sí, porque, así como hay jueces, fiscales, servidores públicos, policías, políticos y periodistas venales, hay más de los otros; de aquellos que cumplen con su deber y dignifican su profesión o función.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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