Las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023 trajeron consigo dos acontecimientos que movieron el tablero electoral: el asesinato del candidato presidencial y el debate que fue visto por siete millones de personas. El balotaje se dará entre el correísmo que encarna la corrupción y la derecha tradicional que encarna la defensa de las grandes empresas. En un próximo artículo hablaré sobre los finalistas.
Ahora aprovecho estas líneas para hacerme eco de la preocupación de los analistas y periodistas que dicen: “todas las funciones del Estado presentan niveles de corrupción, de ineficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, de descrédito entre la población. Es lamentable observar que la Policía, Fuerzas Armadas, sistema judicial, etc., sean incapaces de contener la violencia provocada por grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico y el lavado de activos”.
El Centro Estratégico de Geopolítica (Celag), a inicios de este año, «cifró en 3.500 millones de dólares el dinero sucio que se lavó durante 2021 en el sistema financiero de Ecuador, triplicando así la estimación de 1.200 millones del período 2007-2016». Este crecimiento del dinero ilícito en el circulante legal, coincide con el proceso de desregulación del sistema financiero y las enormes ganancias que la banca ecuatoriana tiene en los últimos años. Según el mismo Celag y otros análisis al respecto, en el Ecuador se lava entre 2% y 5% del PIB anualmente.
Aquí, en suelo patrio, se habla de narcogenerales, de jueces al servicio de las bandas criminales, de funcionarios de las cárceles, puertos y aeropuertos que cumplen órdenes de los carteles de la droga y, penosamente, las autoridades correspondientes no hacen nada. Vivimos en tierra de nadie, donde la inseguridad es el pan diario de la población. Sin lugar a dudas, el Estado ecuatoriano se ha convertido en funcional a la corrupción, el crimen organizado y las actividades que este realiza.
Remo Cornejo Luque