Luego de completar los requisitos de admisibilidad y sortear algunas impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República, están aptos para comenzar su carrera hacia Carondelet.
A pesar de que, de conformidad con el calendario preelectoral establecido por el CNE, la campaña, debía iniciar el 8 de agosto, sin embargo, una vez que los binomios no tienen impedimento alguno, el propio CNE, ha autorizado que la campaña comience el 13 de julio. Esa es la seriedad con la que se maneja el organismo elector.
Estamos en campaña oficial, para el efecto, los presidenciables, en sus discursos (¿?) que se cuentan con los dedos de la mano, apuntan sus dardos hacia el actual régimen, a quien le echan la culpa de todo cuanto está pasando en el país, sin reconocer que los males vienen desde administraciones anteriores.
Luego, en sus intervenciones públicas o por redes sociales, los ocho candidatos han puesto la mira en el problema más terrible que aqueja al país: la inseguridad que atenta contra la paz ciudadana y se manifiesta con sicariatos, narcotráfico, asesinatos, robos agravados, etc., que ha convertido a nuestra linda patria en uno de los países más peligrosos de América y el mundo. El problema es ese, la inseguridad, pero lo que no dan a conocer los ocho postulantes, es cómo van a contrarrestarla. Se escuchan propuestas pálidas que a nadie convence, porque lo que se necesita es tomar medidas severas y radicales. Otro asunto, que los candidatos ven solamente de soslayo, es la consulta que la Corte Constitucional, después de 10 años, en malhadada disposición, aprobó su pertinencia y que, de ganar el sí, dejará al país, sin 1200 millones de dólares, producto del petróleo que se extrae de los pozos localizados en el Yasuní ITT. Los candidatos, por razones obvias, no quieren comprometerse de manera directa con este tema y esperan que los votos de los ecuatorianos, actuando con sentido de patria, permitirá que se continúe disponiendo de esos millonarios ingresos que son indispensables para, en algo, coadyuvar con el presupuesto del Estado, en procura de mejorar la frágil economía nacional.
Darío Granda Astudillo
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