El veedor expresa que no hay eventos de calidad, se margina a los artistas locales y nacionales y que no hay resultados que justifiquen la inversión millonaria realizada por el Ministerio.
A la veeduría del Festival Internacional de Artes Vivas Loja (Fiavl) no le gusta cómo se viene desarrollando el evento, a partir de su primera edición, en 2016, hasta el de 2022 e incluso advierte que la octava edición, correspondiente a 2023, cae en los mismos errores. Considera que la mesa técnica debe asumir la organización.
Problemas desde 2016
Jorge Geovanny Zúñiga Salinas, coordinador de la veeduría del Fiavl 2022, revela que ese organismo detectó que los problemas nacieron con el Festival, en 2016, y continúan, especialmente en el diseño, es decir, la elaboración de los términos de referencia que se repiten desde la primera edición hasta la que se cumplirá en noviembre de 2023.
“Hay una estructura obsoleta de gestión del Festival”, manifiesta y explica que, desde 2016, el Ministerio de Cultura planifica las presentaciones artísticas nacionales e internacionales, conocidas como componentes, y para ello contrata una empresa: en unos casos Ekos y, en otros, Sartre, que se repiten.
El veedor hace notar que una compañía ajena a la realidad local no cumple las expectativas y la percepción de la ciudadanía sobre el Fiavl es cada vez más negativa. Expresa también que hay dos inversiones: la del Ministerio de Cultura y del Municipio de Loja, así como existe una mesa técnica, conformada por 16 entes del Estado, “que únicamente está para temas logísticos, sin que, de acuerdo al reglamento del Festival, tenga un papel relevante y que se limita a acatar disposiciones y las líneas retóricas del Ministerio de Cultura”.
El Fiavl no cumple su objetivo
Jorge Geovanny Zúñiga señala que los diversos sectores lojanos: artistas, cantantes, turismo, comerciantes, entre otros, opinan que el Festival no cumple su objetivo, por ejemplo, presentar eventos de calidad y donde se ejecute el Fiavl se expenda productos a propios y extraños. No hay nada de esto, precisa, y añade que hay eventos donde no hay artistas locales ni nacionales.
Indica que el Ministerio no está evaluando el alcance económico y cultural que el Festival deja a Loja y al país y que, en este marco, la veeduría ciudadana y el Foro Benjamín Carrión, este último que engloba a los sectores culturales, turismo, comercio, entre otros, planteó la exención de impuestos durante esos días, así como qué productos ofrecer al público, como sí ocurrió, dice, en las ediciones de 2016 y 2017, donde hubo apogeo e inversión.
“Pero hemos visto que esto cada vez va bajando la intencionalidad que nos lleva a pensar que el Ministerio no considera a la cultura como un activo de Loja”, expresa Jorge Zúñiga y añade que la meta del Festival es el crecimiento económico de la provincia y para ello es vital que las siguientes ediciones ya no organice una empresa ajena a esta ciudad, sino que la mesa técnica asuma este papel y también se sume la participación ciudadana, pero Cultura jamás ha convocado a este último sector.
70 millones de dólares en inversión
Jorge Zúñiga se pregunta si la organización de una programación cumple el objetivo: el crecimiento económico de Loja o es gasto, ya que, según detalla, el Ministerio de Cultura ha realizado una gran inversión que, durante estos siete años, entre ediciones e infraestructura, bordea los 70 millones de dólares, entonces, “tendría que tener resultados con mayor alcance…”.
VOZ
“Como veeduría ciudadana y procesos ciudadanos no queremos incomodar al Ministerio de Cultura, sino ayudarle a cumplir su trabajo”,
Jorge Zúñiga Salinas, coordinador de la veeduría al Fiavl