El 17 de mayo, en las primeras horas de la mañana, el presidente Guillermo Lasso, luego de muchas dubitaciones, aplastó el botón rojo marcado en la Constitución de la República con el número 148, llamado muerte cruzada, que determinó que los 137 asambleístas y sus colaboradores cesen en sus funciones de manera anticipada.
Activada la muerte cruzada, en cumplimiento de lo que dispone el marco constitucional, el Consejo Nacional Electoral, tendrá mucho trabajo, pues de inmediato deberá convocar a elecciones para Presidente y Vicepresidente, al igual que 137 asambleístas, para que concluyan el periodo hasta el 2025, cuando se realizarán las elecciones reglamentarias. Según el CNE, la primera vuelta está prevista para el 20 de agosto.
Las razones que obligaron al Presidente a activar el art. 148, son obvias: una oposición ciega, sádica y perversa por parte de una mayoría de asambleístas conformada por el atípico bloque UNES – PSC, y algunos adherentes, que restaron al mandatario la posibilidad de hacer un buen gobierno y que, en el éxtasis de su desenfreno, quisieron deponerlo del cargo. “Prefiero gobernar seis meses en el purgatorio y no dos años en el infierno”, ha dicho Lasso para justificar su decisión, que, sin dudas, refleja el caos político que generaron los asambleístas. Seis acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional no pasaron.
En los próximos días, el país, empezará a vivir la euforia de las campañas electorales. Como siempre, los candidatos para binomios presidenciales serán varios y, todos, vendrán con generosas ofertas de días mejores para la patria. Ojalá sean propuestas ceñidas a la realidad que estamos viviendo y no generen falsas expectativas que, luego, se convierten en amargas decepciones. También tenemos que elegir 137 legisladores que remplacen a los que mandó a su casa la muerte cruzada y que se fueron con un magro 4% de aceptación popular; por eso, nadie siente su ausencia ni los extrañan. Ojalá esta vez no nos equivoquemos y elijamos a asambleístas que sean honorables ciudadanos, y que tengan una sólida formación académica para que puedan legislar con criterio cívico y generen leyes por el bien común de los ecuatorianos.
Darío Granda Astudillo
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