Mediante el Decreto Ejecutivo No. 707, el presidente de la República autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal. Concomitante a la firma de ese decreto, se dijo que «la guerra es entre ustedes y los delincuentes», reconociendo el gobierno que ha perdido la batalla contra el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico y que renuncia a garantizar la protección de los ciudadanos.
Los índices de violencia están imparables y la tendencia es al crecimiento. Entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron 82% en Ecuador. Es el sexto país más violento de la región, por encima de México. Nuestro país cerró el 2022 con su peor registro de violencia criminal, se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes; existe un alto nivel de femicidios (68% de los casos de femicidios se cometieron con el uso de armas de fuego en el 2022), enfrentamos violencia intrafamiliar, suicidios, violencia en espacios públicos y educativos, tráfico de armas y otros problemas sociales que pueden volverse más graves si los agresores tienen a su alcance armas de fuego.
Solo quienes tienen dinero podrán comprar su arma o contratar empresas de seguridad ciudadana; los sectores populares, en cambio, tendrán que ver cómo se defienden.
Se vive una profunda crisis general como resultado de los malos gobiernos que se han sucedido. Por todos los medios se dice que el narcotráfico, la delincuencia organizada ha cooptado a los altos mandos de la Policía y FFAA, compran jueces que les garantizan libertad e impunidad, invierten sus capitales en las elecciones generales y seccionales… El Ecuador necesita cambios estructurales que limpien toda la podredumbre del Estado.
Remo Cornejo Luque
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