La inseguridad es el mayor problema que aqueja al país. La delincuencia ha escalado tanto y hoy ciudades enteras son territorios apropiados por antisociales que gobiernan a su libre capricho, rebasando todo control policial.
Esta percepción ronda en la cabeza de toda la ciudadanía, provocando como conclusión asumir que probablemente los delincuentes han superado la fuerza policial del Estado. No hay resultados, solo hay discursos. Las bandas narcodelictivas han quebrantado a cualquier hora y en cualquier lugar todo pacto social de armonía, con el único afán de visibilizar su presencia y poder delictivo.
Por esta razón, existe una sensación de temor en la ciudadanía de ser blanco fácil del hampa; tienen pánico al momento de transitar por las calles y ser objetos de un robo o secuestro. Ese miedo a ser víctimas de delitos se expande y pasan a sentirse víctimas por denunciar. Este es un segundo estado, caracterizado por el horror a recibir venganzas a la hora de identificar y denunciar a los criminales porque se encuentran en una posición de jaque mate, y es aquí, donde resulta prudente describir tanto su causa y consecuencia.
La debilidad de la fuerza policial para brindar protección a cualquier víctima ocasiona que no concurran ante cualquier órgano jurisdiccional para denunciar o testificar, y el silencio de las víctimas provoca impunidad porque si no hay pruebas, no hay acusación.
Por consiguiente, es urgente que se genera confianza en la ciudadanía, que perciban que la tarea de control y prevención de la policía es efectiva, y a su vez el Estado aceptar que ha perdido espacio en el control del país y propender a modificar drásticamente sus políticas en este ámbito como en el carcelario.
Carlos Orellana Jimbo
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