El gobierno neoliberal no puede garantizar el derecho a la seguridad humana. Los estados de excepción en cárceles o territorios como Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas han sido inservibles para contener la ola de guerra y terrorismo desatado por el crimen organizado.
En el año 2021 el número de muertes violentas fue de 1.649, al 22 de octubre del presente año esa cifra llega a 3.538, más del 100% de crecimiento. Además, se registraron 25389 robos a personas y 3819 autos robados a nivel nacional, 20 atentados terroristas. No olvidar la grave crisis carcelaria que, desde el 2020, ha cobrado la vida de 500 personas privadas de la libertad, entre varios amotinamientos.
A lo señalado anteriormente, según estudios internacionales, se calcula que se estaría lavando en el sistema financiero nacional entre $197.620 millones y $494.050 millones provenientes del narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas y otros delitos.
Según varias encuestas, la primera preocupación de la población es la inseguridad. Este es un problema que debe ser enfrentado con una política social integral, en que se prioricen las medidas preventivas sobre las represivas. El Estado debe diseñar una política pública que garantice derechos a la juventud, sólo cuando los niños y jóvenes tengan asegurado sus derechos de alimentación, educación, salud, recreación, el crimen organizado no podrá reclutarlos para sus grupos. Mientras los niveles de pobreza no garanticen la alimentación de los adolescentes ni el ingreso a los colegios o universidades de estos, los delincuentes tendrán potenciales seguidores o posibles reclutados para sus fechorías.
Los municipios y gobiernos provinciales tienen un rol importante en generar condiciones para prevenir la delincuencia, se debe garantizar la iluminación de las vías, recuperar los espacios públicos, generar espacios para que la juventud pueda realizar deporte y arte.
La inseguridad es una problemática con varias aristas, y no se podrá resolver con medidas reactivas. Únicamente se la enfrentará con una política social integral, que vincule a diferentes niveles del Estado y garantice los recursos necesarios.
Remo Cornejo Luque