Él, a través de las redes sociales, ofrecía a cambio de 5 dólares, entregar datos sensibles de cualquier persona.
Un movimiento inusual, a eso de las 05:00, del jueves 28 de julio de 2022, llamó la atención de los moradores de un barrio, ubicado al centro oeste de la ciudad de Loja, a donde arribó un grupo de policías y funcionarios de la Fiscalía General de Ecuador, para detener a un ciudadano.
Con una orden de allanamiento, la madrugada de ayer, el personal de las unidades de Ciberdelitos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional de Ecuador ingresaron a esa vivienda y aprehendieron a Diego R. A., de 31 años, y natural de la provincia de El Oro.
A las afueras de esa casa un pelotón de policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Loja resguardaban la vivienda; mientras que otros uniformados, de las unidades de Criminalística Móvil (UCM) y de Ciberdelitos recogían los indicios que confirmen la infracción.
Datos obtenidos del CIES
A Diego R. A. las unidades de Ciberdelitos de las dos entidades lo investigaban por la supuesta revelación ilegal de datos que el ciudadano habría obtenido del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), plataforma que se abastece de la Dirección Nacional de Registros Públicos.
La información privada de miles de ciudadanos que el investigado habría obtenido ilegalmente al ingresar a los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de Ecuador era vendida fraudulentamente a personas naturales y jurídicas que sabrían pagarle por esos datos.
Si el presunto ‘hacker’ es declarado culpable por el delito de revelación ilegal de base de datos, de acuerdo al Art. 229 del Código Orgánico integral Penal (COIP), él sería condenado de 1 a 3 años de cárcel, según los delitos contra la seguridad de los sistemas de información y comunicación.
Intervención de Policía y Fiscalía de Pichincha
El operativo lo ejecutó la Policía de la Unidad de Ciberdelitos de Pichincha junto a un fiscal de esa provincia, que a la localidad llegaron el último miércoles. Hubo dos allanamientos e incautaron 2 computadoras; 6 teléfonos celulares; y 1 disco duro.
PARA SABER
Diego R. A. ofrecía, presuntamente, a cambio del pago de 5 dólares información clasificada de ciudadanos, vehículos, bienes y otros datos que se promovía en las redes sociales.