Cuando un gobierno decide eliminar los subsidios al diésel, elevando su precio de $1,80 a $2,80, se genera un efecto dominó que golpea directamente a toda la economía. El diésel es un insumo clave para el transporte de mercancías, por lo que el aumento obliga a los transportistas a subir sus tarifas. Este encarecimiento se traslada a la cadena productiva completa: agricultura, industria y comercio.
Los alimentos y productos de primera necesidad, que dependen del transporte terrestre para llegar a los mercados, suben de precio. El impacto es más fuerte en los hogares de menores ingresos, donde la canasta básica representa la mayor parte del gasto familiar. Se trata de un claro caso de inflación de costos: el poder adquisitivo cae, el consumo se reduce y la economía se enfría.
En una economía globalizada, los subsidios al sector productivo son una herramienta crucial para sostener la estabilidad económica y social. No son un gasto superfluo: funcionan como un amortiguador que mantiene precios asequibles y protege a los consumidores más vulnerables.
Cuando los subsidios desaparecen, las empresas enfrentan mayores costos operativos. Para sobrevivir, trasladan ese aumento al precio final de los bienes y servicios. Así, la clase media y baja, con ingresos limitados, sufre la pérdida inmediata de poder adquisitivo. El consumo se restringe y la rueda de la economía comienza a desacelerarse.
En vez de cargar con más impuestos al sector productivo, los gobiernos pueden optar por incentivar la producción. Al ofrecer subsidios o beneficios fiscales, el Estado estimula la inversión, la creación de empleo y la competitividad tanto interna como externa. Aunque implique renunciar a una parte inmediata de la recaudación, se gana en dinamismo económico: circulan más bienes y servicios, se mantienen los precios y la economía se fortalece.
Los subsidios deben entenderse como una inversión en el futuro. El dinero que se destina a ellos no se “pierde”: regresa a la sociedad en forma de estabilidad de precios, empleos estables y seguridad alimentaria. Son un mecanismo para construir una economía más resiliente y equitativa.
No podemos limitarnos a aceptar pasivamente las decisiones del gobierno ni caer en el conformismo que perpetúa los problemas. Es momento de ser críticos con nuestra postura, cuestionar lo que afecta a la mayoría y exigir políticas que realmente fomenten la producción y el bienestar colectivo.
Mauricio Azanza O.
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