A un mes de finalizado el paro nacional indígena y popular, el gobierno de Guillermo Lasso continúa con la persecución a los luchadores sociales que participaron en las movilizaciones. Lasso y su gabinete acusan a los dirigentes de paralización de servicios básicos, robo, secuestro, ataque o resistencia, entre otros delitos, en un claro intento de criminalizar la protesta social y desacreditar la lucha de los pueblos.
La Fiscalía recibió no menos de 70 denuncias en contra de líderes populares que hicieron frente a las fuerzas represivas en la Sierra y Costa ecuatoriana, entre los que figuran dirigentes de la Conaie y de organizaciones del Frente Popular de las provincias movilizadas. Las denuncias son realizadas por el Ministerio del Interior y el propio gabinete presidencial, quienes continúan impulsando los argumentos de terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada como las principales fuentes de financiamiento de las movilizaciones.
La prensa burguesa se ha hecho eco de estos argumentos inverosímiles, dejando en evidencia su naturaleza de clase y su desprecio por las causas del pueblo; pero, además, en un círculo vicioso, fortalece la posición del gobierno y alimenta titulares en detrimento de la lucha social y popular. Sin embargo, estas ideas caen por su propio peso al confirmarse la solidaridad y valentía de millones de ecuatorianos que resisten y se movilizan por la necesidad de cambiar esta realidad, pese a sus duras condiciones de vida.
La judicialización de la lucha social es una más de las acciones del “gobierno del diálogo” para debilitar a las organizaciones populares y callar a los líderes sociales que desenmascaran la política neoliberal autoritaria del gobierno. El pueblo organizado no callará, estará en permanente movilización para defender sus derechos y demostrar su solidaridad con los líderes criminalizados.
Remo Cornejo Luque