Una sociedad que normaliza la muerte de niños pobres y adultos mayores sin recursos por «falta de dinero», es porque ha perdido su brújula para valorar la vida, que no siempre se mide por la capacidad productiva.
Proteger a los más vulnerables no es caridad es un imperativo urgente, es justicia; para la infancia vulnerable, programas de alimentación universal, atención médica gratuita, transferencias directas a familias y redes comunitarias de protección y para adultos mayores, pensiones no contributivas, centros de día, atención domiciliaria y programas de vivienda intergeneracional, entre otras soluciones concretas; los estudios demuestran que invertir en protección social genera retornos económicos, la prevención en salud reduce costos futuros, la nutrición infantil aumenta la productividad y el cuidado digno de los mayores libera recursos familiares; los entendidos con humanidad proponen reformas fiscales progresivas, reasignación presupuestaria o cooperación público-privada a fin de sostener estos programas.
Una sociedad, que abandona a sus miembros más frágiles socava su propia estabilidad y cohesión; la pregunta no es si podemos permitirnos estos programas, sino si podemos permitirnos seguir sin ellos, cada vida perdida por abandono institucional es un fracaso colectivo, que nos disminuye como sociedad, el cambio requiere voluntad política, compromiso ciudadano y la firme convicción de que cada vida tiene valor intrínseco, independientemente de su capacidad de generar riqueza; solo así podremos construir comunidades donde la vulnerabilidad económica no sea una sentencia de muerte, sino una oportunidad para demostrar nuestra humanidad compartida.
Talía Guerrero Aguirre
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