Durante el reciente fin de semana se llevó a cabo la convención nacional, en la que se eligió a la directiva nacional del movimiento.
El asambleísta reelecto Héctor Guillermo Valladarez González representante de la provincia de Zamora Chinchipe por el movimiento Revolución Ciudadana, afirmó que la Asamblea Nacional atraviesa un escenario de “bloqueo” a los procesos de fiscalización, especialmente en lo que respecta a contratos estatales, concesiones estratégicas y derechos laborales.
Fiscalización
Uno de los ejes prioritarios de su gestión es la fiscalización del cumplimiento de la Ley Especial Amazónica, específicamente los artículos que establecen la contratación proferente de mano de obra local en proyectos ejecutados en la región.
Denuncia que, en proyectos de gran escala, como la minería en el cantón El Pangui, se estaría utilizando esquemas de subcontratación y tercerización laboral prohibidos por la Constitución desde 2008. “La ley dice que el 80% tiene que ser contratado en donde se realiza el proyecto”, agrega.
Asegura que estas prácticas afectan directamente el derecho al trabajo de los habitantes de la Amazonía y mencionó que el proyecto ya se ha iniciado y que aspira que en el próximo mes de febrero ya que se cuente con un informe preliminar.
Otro de los procesos iniciados para fiscalizar es en relación con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), recordando a la ciudadana que esta infraestructura se caducó en 2024 y cuestionó la intención del Gobierno de volver a concesionarla, pese a que los activos ya pertenecen al Estado. “Esa nueva concesión afectaría al Estado ecuatoriano en aproximadamente mil millones de dólares en 20 años”.
Otros procesos
Por otro lado, el lunes 19 de enero de 2026, sostuvo una reunión con los transportistas de la Unión Provincial de Loja sobre el cuarto eje vial, mencionando que van a crear una veeduría ante la falta de avances del gobierno, señalando que, aunque el préstamo para la obra ya está aprobado, hasta el momento no se ha registrado ningún progreso.
Al referirse a la situación de Zamora Chinchipe, Valladarez señaló que la provincia enfrenta una crisis derivada de la ausencia de institucionalidad estatal para regular la actividad minera. Aseguró que la falta de controles y procesos de regularización ha generado desorden, persecución y estigmatización.
Además, cuestionó que, pese a que en 2024 las exportaciones mineras generaron cerca de cuatro millones de dólares, principalmente desde Zamora Chinchipe, la provincia no haya recibido recursos por concepto de regalías, como lo establece la Ley Amazónica.
Nueva directiva
El asambleísta también se refirió a la reciente convención nacional de Revolución Cuidada, realizada el 17 y 18 de enero de 2026, la cual, según indicó, se desarrolló pese a algunos obstáculos. Destacó la elección de una nueva directiva nacional encabezada por Gabriela Rivadeneira, a la que calificó como inclusiva y representativa de distintas regiones.
- PARA SABER
Entre las propuestas que Valladarez anunció se encuentra una enmienda constitucional para otorgar rango ministerial a la Secretaría Técnica de la Amazonía, con el fin de fortalecer los mecanismos de control político.