La proforma presupuestaria es la forma en que se concreta la concepción que tienen los representantes del gobierno de cómo se maneja la economía del país. Allí se cuantifica la cantidad de dinero que se invertirá para solucionar tal o cual problema, a qué sectores sociales se beneficia y a quiénes no.
Pero esas decisiones se toman bajo la concepción ideológica de la clase social en el poder, representada por el gobernante. El caso de Guillermo Lasso confirma esta regla, la proforma enviada a la Asamblea Nacional tiene una visión neoliberal.
La evidencia más clara de la concepción neoliberal, con la cual se ha planificado el presupuesto, es el peso relativo que tienen los diversos impuestos, entendiendo que la recaudación de tributos es un mecanismo de redistribución que, lo dice la teoría económica capitalista, se logra mediante la extracción de recursos de los sectores más pudientes hacia los de menor capacidad económica, a través del impuesto a la renta o al patrimonio o a las herencias, conocidos como progresivos.
Mientras, hace décadas, el impuesto a la renta significaba hasta el 75% de la recaudación, en 2023 será tan solo del 30%. Los impuestos al patrimonio se los puso en vigencia por única ocasión en época de la pandemia. A las herencias se encuentran en vigencia, pero en medio de una enorme campaña publicitaria para ganar legitimidad ante la sociedad para reducirlos. Expresión concreta de la política neoliberal en la economía.
El denominado gasto tributario es el registro de las excepciones en el pago de impuestos, gasto que no se realizaría si no hubiera excepciones. Este concepto se concreta en que, para 2023, el gobierno dejará de recibir 6.338 millones, la mayoría de los cuales, 3.169 millones, corresponden al impuesto a la renta que no se pagará. El gasto tributario beneficiará en 714 millones a personas naturales, de los cuales 700 millones llegan a personas con ingresos superiores a los 11 mil dólares, lo que resulta un evidente beneficio a los sectores sociales pudientes.
Remo Cornejo Luque