La Constitución de la República, vigente desde 2008, califica para llevarse el premio al peor mamotreto jurídico del Ecuador. En su parte dogmática tenemos solo derechos y garantías; pero, no hay obligaciones que cumplir ni los respectivos controles para evitar el abuso de las garantías constitucionales.
Lo peor de lo peor se encuentra en su parte orgánica. Ahí se engendraron dos órganos que le permitieron al correísmo la concentración de poderes, el abuso de estos y la institucionalización de la corrupción. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y al Consejo de la Judicatura (CJ).
El Cpccs, por una parte, es el ejemplo de una aberración, pues, la participación ciudadana, en la toma de decisiones públicas, se promueve desde las organizaciones de la sociedad civil y no desde una Función del Estado. Por otra parte, tiene competencia para designar a las todas las autoridades de control, tanto del ámbito judicial como del buen uso de los recursos públicos.
El otro engendro es el Consejo de la Judicatura, cuyos vocales también son nombrados por el Cpccs. El CJ es la máxima autoridad administrativa de la Función Judicial y tiene la responsabilidad de nombrar, sancionar y destituir a jueces, fiscales y defensores públicos. La manipulación política de los dos órganos ha creado una institucionalidad demasiado frágil que, para colmo de males, ha sido contaminada por el crimen organizado transnacional.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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