La reciente Sentencia 2032-20-JP/25 de la Corte Constitucional marca un hito que reconoce y protege la libertad de expresión en espacios digitales, incluso en redes sociales. Hoy que todo se ha trasladado a la pantalla, este pronunciamiento reafirma un principio democrático que hace referencia a que nadie puede ser silenciado arbitrariamente por opinar, cuestionar o disentir.
Celebrarlo es justo, pero aplaudir sin reflexión crítica sería ingenuo. Como mujer y ciudadana no puedo dejar de expresar una inquietud profunda: ¿qué estamos haciendo con esa libertad? Basta stalkear las redes sociales para constatar una práctica recurrente y selectiva. Cuando se critica a hombres en la política, inclusive a los más incompetentes o cuestionados, el debate suele centrarse con mayor o menor rigor, en su gestión, en sus decisiones, en su falta de obras o en sus errores públicos. Mientras si el blanco de la crítica es una mujer, el lenguaje cambia de registro, se vuelve íntimo, corporal, degradante. “La asambleísta ha engordado tantas libras”, “la autoridad fue vista borracha en una fiesta”, “una es más que la otra pero hablando de kilos”. El juicio ya no es político sino físico; ya no es ético sino humillante.
No se cuestiona la preparación, la agenda legislativa, la coherencia ideológica o el impacto de sus decisiones. Se ataca el cuerpo, la vida privada, la apariencia. Viejos epítetos reciclados en formatos digitales, cargados de un machismo que creíamos superado, pero solo cambió de escenario. La libertad de expresión no fue pensada como licencia para reproducir violencias simbólicas. No es un salvoconducto para denigrar ni perpetuar desigualdades históricas.
La libertad de expresión es un logro colectivo, pero también un espejo. Y lo que hoy refleja debería incomodarnos profundamente. Porque una sociedad que se dice igualitaria no puede seguir midiendo a sus mujeres en kilos ni juzgándolas desde el prejuicio. Opinar no es sinónimo de denigrar, y criticar no exige deshumanizar.
Lucía Margarita Figueroa Robles
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