La inclusión nuevamente de una tabla referencial para analizar el consumo o micro tráfico de drogas dentro de procesos judiciales ha generado un nuevo debate, sin embargo, esto no es el problema de fondo, independientemente si creemos que favorece o no a la disminución, sanción y rehabilitación de personas que lastimosamente han caído en el problema del consumo de sustancias.
Recordemos que la tabla de consumo, implementada en 2013, fijaba los límites máximos que una persona podía portar sin ser acusada de micro tráfico, hoy el Gobierno nacional intenta implementar una “Guía de Consumo” que actúa como referencia orientadora. Esta guía no estipula límites cuantitativos, pero ofrece criterios con un enfoque multidisciplinario para que los operadores de justicia valoren supuestamente con mayor precisión la condición de las personas implicadas.
En base a esto se planea el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y El Consejo de la Judicatura, instituciones que serán los encargados de definir los criterios técnicos que delimiten el uso personal de sustancias prohibidas. En adelante, cada caso deberá ser evaluado individualmente con base en pruebas médicas clínicas, informes psicológicos, informes sociales y otros factores relevantes, que justifiquen el consumo de la persona procesada.
La Ley de Solidaridad, a más de mantener como propósito central fortalecer el sistema de Salud y Asistencia Social, contempla medidas específicas sobre consumo de drogas. La normativa introduce un cambio de enfoque: promueve la rehabilitación y reintegración de consumidores en lugar de su criminalización automática, la pregunta es, se podrá realizar, existe el compromiso político y sobre todo el talento humano necesario para ejecutarlo, o será como otras leyes que únicamente sirven en el papel y no en la práctica por falta de diferentes recursos.
Luis Fernando Pilco P.
fernandopilco_17@hotmail.com