El próximo 16 de noviembre, algo más de 13,9 millones de electores están habilitados para pronunciarse, afirmativa o negativamente, en el referéndum y consulta popular, que incluye cuatro preguntas que serán presentadas en una sola papeleta. El costo estimado de ese proceso de democracia directa es de casi 60 millones de dólares que deben salir de un presupuesto que acusa un crónico déficit fiscal y que obliga al país a seguir en una peligrosa espiral de endeudamiento anta la falta de programas y políticas que permiten apuntalar a una débil economía doméstica, incapaz de generar crecimiento sostenido y empleo. El resultado de ese círculo vicioso, como se entenderá, es mayor pobreza, incremento del endeudamiento público y deterioro general de los indicadores sociales, lo que a su vez provoca inestabilidad política, corrupción, inseguridad y violencia estructural.
En ese escenario tan desalentador, nos preguntamos si las preguntas de referéndum y una eventual Asamblea Constituyente son respuestas válidas a la problemática nacional o, por el contrario, podrían terminar creando una mayor inestabilidad política, social y económica, más allá de los cerca de 300 millones de dólares que representaría financiar las diferentes etapas que implica aprobar una Asamblea Constituyente (AC), elegir a los (las) asambleístas, funcionamiento de la AC, referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional y elección de autoridades.
Ciertamente, la calentura no está en las sábanas. El crecimiento y desarrollo de un país no está en relación directa con el número de constituciones ya que si por ese factor fuera, el Ecuador debería pertenecer al primer mundo con sus 20 constituciones que registra a lo largo de su vida republicana.
¿De qué sirve tener la mejor Carta Magna y leyes si éstas se inobservan y prevalece la impunidad y viveza criolla? Mientras no haya el rescate de la institucionalidad, de la ética pública y de los valores ciudadanos, seguiremos inmersos en esta farsa democrática.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion