El escenario, la Asamblea Nacional; los actores: por un lado asambleístas de UNES, PSC, disidentes de Pachacutik e Izquierda Democrática; por otro, cuatro integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social: Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; razón, instauración de un juicio político para lograr su destitución, acusados de incumplimiento de funciones por dos causas: 1) La reforma al reglamento del concurso para elegir al nuevo controlador; y, 2) La falta de transparencia en la designación del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial; interpelantes: dos asambleístas de Pachacutik: Mireya Pazmiño y Ángel Maita. Negligencia: no se presentó el informe que justifique este proceso. Fecha: Viernes 18 de noviembre entre las 16h00 y 23h59. Con 85 votos los consejeros fueron destituidos.
En el inicio del juicio político, el consejero Hernán Ulloa, pidió que, a través de secretaría de la Asamblea, se dé lectura al informe que sustente el juicio. Hubo cinco minutos de silencio nervioso y sepulcral, sin respuesta porque no había (desacato al debido proceso). A pesar de ello, Virgilio Saquicela, dispuso que se continúe con el juicio, con la participación de los interpelantes y las réplicas de los acusados.
Supuestamente, los grandes vencedores fueron los Asambleítas de Unes, PSC, parte de Pachacutik e Izquierda Democrática. Frente a este procedimiento ajeno a los principios legales, una acción de protección por vulneración de sus derechos (art.88 de la Constitución), presentada ante el juez Ángel Lindao, juez multicompetente de La Concordia, falló a favor de los destituidos, disponiéndose el reintegro a sus funciones. Como era de esperarse Virgilio Saquicela y sus adláteres desaprobaron esta resolución por “injerencia” del poder judicial en el legislativo y descalificaron toda actividad que podrían realizar los defenestrados. Poco les duró la euforia porque una ratificación en el fallo, dispuso que, aparte de dejar sin efecto la censura y destitución de los consejeros, la Asamblea debe pedir disculpas públicas a los afectados y colocar una placa al ingreso del palacio legislativo.
La gran lección que queda de este bochornoso procedimiento legislativo, es que nadie está por encima de la ley, sobre todo los asambleístas, que son los forjadores de las leyes y son los primeros que deben respetarlas.
Darío Granda Astudillo
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