Las recientes movilizaciones indígenas y la respuesta represiva del Estado revelan una verdad incómoda, cuando el gobierno deja de escuchar, la calle ocupa el lugar de diálogo. No se trata de justificar la violencia ni los bloqueos, sino de reconocer que detrás de las marchas hay demandas históricas, pobreza y hartazgo ante promesas incumplidas. La autoridad que solo despliega policías – militares y etiquetas pierde legitimidad y conducción.
El país requiere un acuerdo político y social con la representación indígena, fuerzas políticas y sociedad civil. El mínimo común es claro, fiscalizar y focalizar subsidios. Con datos abiertos en tiempo real, trazabilidad de combustibles, control fronterizo, sanciones proporcionales y coordinación entre aduanas, policía, militares y reguladores, se cierran desvíos y se prioriza a hogares vulnerables y sectores estratégicos. El Estado debe asumir su tarea, control fronterizo efectivo, trazabilidad de combustibles, sanciones proporcionales y coordinación entre aduanas, policía y agencias regulatorias.
En democracia, disentir no es delito, es un derecho. Por eso, tender puentes no es debilidad, es liderazgo. Etiquetar a quien piensa distinto como narcotraficante o terrorista clausura el espacio cívico, radicaliza posiciones y nos condena a la espiral de conflicto. El gobierno debe bajar el tono, abrir mesas de negociación con plazos y veedores independientes, y comprometerse a cumplir lo pactado. La paz social no se impone, se acuerda y se fiscaliza.
Ya no basta la retórica, que empieza a sonar caduca. Los criminales no están en los sectores que se movilizan por causas sociales; los terroristas no están en la protesta de un padre o una madre de familia. Los verdaderos delincuentes deben ser plenamente identificados y perseguidos con eficacia. El pueblo ecuatoriano ya ha dado votos de confianza y asumido sacrificios económicos como el aumento del IVA para que el Gobierno haga su trabajo.
Daniel Alexander González Pérez
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