Exigen a la CC fallo de inconstitucionalidad, así como reparación integral de derechos. No descartan ir a la CIDH.
En la mayoría de exservidores públicos está fresco el día que los echaron de sus puestos de trabajo, tras la aplicación del decreto 813, dispuesto por el entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Ocurrió un día como hoy, 28 de octubre de 2011, es decir, hace exactamente nueve años. Asambleísta lojana exige que se les haga justicia.
Acciones de aquel día
Piedad Guerrero Vivanco, representante en Loja de los exservidores y con 22 años de labor en la Gobernación de Loja, cuenta que todos los empleados de carrera fueron despedidos en “forma intempestiva, arbitraria, intimidatoria y abrupta”. Ese día, ingresaron con las notificaciones correspondientes y les fueron entregando en forma individual. Estuvieron acompañados de la Policía Nacional, medios de comunicación y un testigo que se encargó de firmar por la persona que se negaba a hacerlo.
Agrega que no bien les informaron que habían cesado en sus cargos, inmediatamente se posesionaron de sus lugares físicos de trabajo otras personas. De la Gobernación salieron 106 empleados de planta, muchos de ellos con 22, 24, 26 y 27 años de servicio. A estos últimos les quedaba poco tiempo para jubilarse.
Dice que no solo fueron de la Gobernación los extrañados, sino también de ministerios como Salud, MAG, el entonces MAE, Seguro Social, Dirección de Tránsito, entre otros. Esto, según afirma, originó un daño irreparable en la mayoría de ellos, quienes enfermaron por el alto nivel de estrés que les provocó la acción, incluso murieron, otros adquirieron discapacidades.
Luego de los despidos, los afectados se organizaron para, juntamente con el resto de compañeros despedidos a escala nacional, presentar ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad del Artículo 8, del decreto 813, “aplicado de forma ilegítima, ilegal e inconstitucional porque no pudimos ejercer nuestra defensa (…). En esa acción de personal no hay motivación alguna”.
Un plantón permanente
El presidente nacional de la Asociación de Servidores Públicos Despedidos (Asodesp), Gustavo López, en una entrevista para el diario Expreso, dijo que hace dos años presentaron ante la CC una demanda de inconstitucionalidad y que, desde abril de 2019, el caso fue declarado como prioritario y por ello debía despacharse en tres meses, sin embargo, han pasado 18 y no hay pronunciamiento alguno de la Corte.
En este contexto, dice que, desde el 12 de octubre de 2020, iniciaron un plantón permanente frente al edificio de la CC, medida que cuenta con el apoyo de diversos sectores y organismos nacionales e internacionales que han confirmado la existencia de la vulneración de los derechos de los servidores.
“Nos quedaremos aquí hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Son nueve años de la aplicación de este inconstitucional y macabro decreto por parte del expresidente Correa y Alexis Mera”, precisa.
Piedad Guerrero cuenta que Loja está presente en el plantón y que, incluso, un exservidor de esta provincia continúa allí porque se negó a retirarse. “Están aguantando la inclemencia del tiempo, con enfermedades, unos han ido al hospital”, informa la representante y afirma que la medida iniciada continuará hasta que la CC, vía audiencia, falle a favor y que declare la inconstitucionalidad.
“Estamos pidiendo la reparación integral de nuestros derechos vulnerados”, puntualiza, al tiempo anuncia que, si la demanda de inconstitucionalidad no la dicta la CC, se acudirá a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
‘Apoyamos e insistimos con escritos’
El caso de los exservidores públicos despedidos ha estado siempre en su agenda. Así lo manifiesta la asambleísta por Loja, Jeannine Cruz Vaca, y que fue la primera en solicitar que se pueda rever, dado que se presentaron acciones en la CC dando a conocer la injusticia cometida, por medio del decreto y los despidos masivos de 2011.
Califica de despido intempestivo el que se hizo contra “miles de servidores públicos, bajo la famosa renuncia obligatoria (…). Este nueva Corte tendrá que referirse a eso, me parece justo, apoyamos e insistimos con escritos varias veces”, dice la legisladora, quien estima que con el decreto se despidió a alrededor de 4.500 servidores públicos.
CLAVE
Alrededor de 4.500 servidores públicos fueron despedidos a escala nacional, tras la aplicación del decreto 813.
DÍGITOS
106 servidores se fueron, aproximadamente de la Gobernación.
OTROS MINISTERIOS
Aparte de la Gobernación, se fueron:
De Salud,
MAG
MAE
Seguro Social Dirección de Tránsito, entre otros.