“Ninguna potencia tiene derecho a decidir el destino de pueblos libres.”
La Doctrina Monroe, proclamada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente James Monroe ante el Congreso de los Estados Unidos, no es ni ha sido nunca una ley internacional. Es una declaración unilateral de política exterior de los Estados Unidos, carente de fuerza jurídica vinculante para otros Estados. Pretender aplicarla hoy como justificación de intervenciones en América Latina constituye un abuso histórico del poder y una negación del Derecho Internacional contemporáneo.
El orden jurídico internacional vigente se edifica sobre principios claros e inderogables: igualdad soberana de los Estados, autodeterminación de los pueblos, integridad territorial y prohibición del uso de la fuerza. Ninguna doctrina del siglo XIX —mucho menos una no consensuada— puede situarse por encima de estos principios sin provocar una ruptura del sistema internacional.
La autodeterminación no es una concesión de las potencias, es un derecho colectivo. Ningún Estado tiene autoridad para decidir quién gobierna a otro, ni para intervenir bajo pretextos de democracia, narcotráfico o seguridad hemisférica. Aceptar esa lógica equivale a regresar al feudalismo geopolítico, donde el fuerte manda y el débil obedece.
No se trata de defender gobiernos ni regímenes. Se trata de defender el Derecho. Cuando una potencia actúa como juez y parte, el Derecho deja de ser límite y se convierte en obstáculo incómodo para el poder.
Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier país.
Porque cuando la soberanía se relativiza, ninguna nación está a salvo.
Desde CASTILLO LAW FIRM aumentamos y reafirmamos nuestro compromiso de estar siempre a la vanguardia del pensamiento jurídico, defendiendo sin ambigüedades la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto al Derecho Internacional, porque la ley debe ser límite al poder y no su cómplice.
Frank Castillo Ramírez
@Frankeditson