La descalificación de los «mejor puntuados» en el concurso público de méritos y oposición para designar al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha terminado con la poca confianza que aún se tenía en un procedimiento de selección cuya responsabilidad recae, en última instancia, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Cuatro personas —la mayoría simple de los siete miembros que lo integran— pueden decidir no solo la designación del titular de la FGE, sino también la de las máximas autoridades de los demás órganos de control: la Procuraduría General del Estado, las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Contraloría General del Estado. Además, el Cpccsnombra a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura.
Una entidad con tantas atribuciones, creada por la Constitución correísta, resulta disfuncional para el sistema democrático, pues se convierte en un obstáculo para el funcionamiento de los «frenos y contrapesos», principios esenciales de una democracia verdadera. Basta con subordinar a la mayoría del Cpccs para concentrar el poder, abusar de él e institucionalizar la corrupción, como ya ocurrió durante el correato.
Eliminar el Cpccs, o al menos sus competencias nominadoras, es un deber democrático y cívico. Aunque la tarea no es fácil, habrá que buscar la mejor oportunidad para lograrlo en las urnas. El expresidente Lasso propuso trasladar esas competencias a la Asamblea Nacional, mientras que el presidente Noboa consultó sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente para crear una nueva estructura orgánica del Estado. En ambos casos, el pueblo dijo que no; habrá que convencerlo de lo contrario.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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