Es un hecho que Ecuador debe combatir el narcotráfico; nadie puede sostener seriamente lo contrario. Pero combatir al crimen organizado no implica aceptar que cualquier sospecha pueda convertirse en una sentencia, ejecutada en el mar.
Estados Unidos bombardea e inutiliza embarcaciones que, según sus señalamientos, estarían vinculadas al narcotráfico y, cuando le place, retiene a sus tripulantes. Así las cosas, una pregunta resulta inevitable ¿dónde estuvo el control judicial antes de destruir esas embarcaciones y privar de la libertad a sus tripulantes?
No hablamos de cualquier barco. Hablamos de embarcaciones con bandera ecuatoriana, pertenecientes a ecuatorianos y utilizadas para actividades económicas legítimas. Si existían pruebas de que alguna era utilizada para transportar drogas o abastecer rutas de narcotráfico, debía investigarse, verificarse y someter el caso, a las autoridades penales competentes.
Pero hemos llegado al punto, en extremo peligroso, de «aceptar que información clasificada de una potencia extranjera, reemplaza: la investigación, la prueba y el debido proceso».
La cooperación internacional no puede convertirse en subordinación. La lucha contra el narcotráfico tampoco puede convertirse en una licencia para hundir primero y preguntar después.
Una acusación debe probarse. Una detención debe justificarse. Una embarcación no puede ser destruida únicamente porque alguien, desde otro país, afirma que es sospechosa. La sospecha jamás puede sustituir a la certeza.
Y si Ecuador guarda silencio frente a la destrucción de naves ecuatorianas y a la retención de sus pescadores, el problema ya no es solamente lo que hace Estados Unidos. También debemos preguntarnos qué está dispuesto a tolerar Ecuador, en el supuesto nombre, de su seguridad.
Porque un Estado que permite que otros actúen sobre sus ciudadanos, sin exigir explicaciones, no está defendiendo su soberanía; está renunciando a ella y abandonando a sus ciudadanos.
Néstor S. González Marca
nestor.gm.loja@hotmail.com