En política hay una regla: mientras todos aplauden, nadie se incomoda. Entonces aparecen las etiquetas: “conflictiva”, “opositora”, “politiquera” o cualquier calificativo que permita evitar una respuesta. Es más fácil descalificar a quien pregunta que explicar aquello que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Hay que reconocer que son pocos los comunicadores que, aun teniendo preferencias políticas, entienden que su responsabilidad profesional está por encima de sus simpatías. Tener una posición política es legítimo; tener una opinión también. Lo cuestionable comienza cuando esa preferencia se utiliza para presentar opiniones como hechos, omitir información o influir en la audiencia electoral.
Un comunicador puede opinar y un periodista analizar. Pero ninguno debería convertir su espacio en propaganda. La ciudadanía merece información, contexto, pluralidad y argumentos para formar su criterio. Informar no significa hacer campaña ni convertir una entrevista en promoción o demolición de un candidato. La frontera entre informar e influir debe respetarse.
También preocupa que, en época electoral, algunos conviertan la edad o el género en armas. ¿Desde cuándo ser mujer es una debilidad? ¿Desde cuándo la edad determina la capacidad para gobernar? Un candidato debe ser evaluado por su preparación, experiencia, honestidad, propuestas y capacidad para resolver problemas.
La política debe elevar el debate. Si una crítica es falsa, se responde con argumentos. Si un dato es incorrecto, se corrige con información. Si una propuesta es equivocada, se debate. Lo que no corresponde es utilizar el micrófono para descalificar, etiquetar o direccionar conciencias.
La democracia no necesita comunicadores que dicten qué pensar, sino comunicadores que entreguen elementos para pensar y decidir libremente. La verdad puede incomodar. Pero manipularla para favorecer una candidatura debería incomodar mucho más aún.
Mayra García Calle
alejandrinagc@gmail.com