Al observar la política de las últimas décadas, es posible reconocer una secuencia recurrente que suele manifestarse tras los procesos electorales. No se trata de un determinismo aplicable a todos por igual, sino de una inercia táctica que diversas administraciones, independientemente de su ideología, pueden poner en marcha cuando carecen de un plan estructural: 1. Ganar a toda costa. Llegar al poder apelando al descontento ciudadano y al desprestigio de las opciones anteriores, con promesas difíciles de sostener; 2. Poner la casa en orden. Presentar un diagnóstico crítico de la situación recibida, mostrando la herencia como mucho peor de lo previsto; 3. Culpar al pasado y al marco normativo. La diferencia entre una restricción real y una coartada está en si la administración actúa para reformarla o simplemente la invoca; 4. Anunciar un nuevo comienzo. Presentar la gestión como el inicio de una reorganización necesaria; 5. Priorizar lo visible sobre lo estructural. Concentrarse en intervenciones de alto impacto comunicacional mientras las reformas de fondo quedan relegadas; 6. Justificar el incumplimiento. Atribuir las dificultades a la crisis fiscal o a imprevistos, desplazando la responsabilidad hacia factores externos; 7. Atacar a los detractores. Reducir la transparencia y descalificar a la prensa o a la fiscalización opositora para desplazar el debate sobre los resultados; y 8. Convertir el fracaso en continuidad. Sostener que los objetivos requieren más tiempo y que la ciudadanía debe conceder otro período.
Frente a esta secuencia, la capacidad ciudadana para anticipar el rumbo de un gobierno no depende únicamente de revisar sus planes de campaña, sino de identificar qué mecanismos de control permiten romper esta inercia.
Una administración de calidad se diferencia no por la ausencia de problemas o crisis externas, sino por la existencia de contrapesos reales: una oposición con capacidad fiscalizadora, una rendición de cuentas basada en indicadores verificables de ejecución y una ciudadanía organizada capaz de exigir trazabilidad en el gasto público. Estos mecanismos no garantizan por sí solos un buen gobierno. Pueden cumplirse en la forma sin alterar el fondo, pero sin ellos las excusas sistémicas encuentran pocos límites.
Por ello, el control democrático exige superar la resignación de que “todos son iguales”. Gobernar no debe convertirse en un ejercicio orientado a preservar la popularidad mediante el relato digital, sino en una responsabilidad sujeta a la evaluación técnica, al escrutinio ciudadano y a la mejora sostenible de la vida pública.
Víctor Antonio Peláez M.
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