El Estado social y democrático de derecho en el Ecuador atraviesa uno de sus momentos más oscuros. La administración de justicia no solo exhibe una fragilidad institucional crónica, sino que ha mutado en una herramienta de persecución selectiva. La instrumentalización del aparato penal y electoral se ha consolidado como la principal ganancia de quienes ostentan el poder para neutralizar adversarios políticos y proscribir organizaciones incómodas en las vísperas de contiendas electorales. La ciudadanía, sin embargo, no es ajena a esta dinámica. Los datos oficiales y de opinión pública revelan un colapso en la legitimidad del sistema: cerca del 80% de la población rechaza la gestión del Consejo de la Judicatura y expresa una confianza nula o casi nula en la Función Judicial, erosionada por la injerencia política, la corrupción y el uso desmedido de medidas cautelares con tufo represivo. Cuando el mazo del juez sustituye al debate en las urnas, la Constitución deja de ser un pacto de convivencia y se convierte en una simple hoja de papel. La historia constitucional demuestra que el abuso del poder judicial tiene un límite sociológico claro: el agotamiento de la credibilidad. Pretender despejar el camino electoral inhabilitando rivales o asfixiando movimientos mediante maniobras leguleyas produce un efecto adverso en la psicología del votante. El ecuatoriano promedio ya no consume el relato de la «limpieza institucional» cuando esta solo apunta en una dirección. La manipulación de los tribunales puede otorgar ventajas tácticas a corto plazo expulsando contendientes fuertes o fragmentando la oposición, pero resulta insuficiente para construir un proyecto político con legitimidad popular. La desconfianza ciudadana en la justicia se traslada directamente a quien la instrumentaliza. Frente a la arbitrariedad, el electorado tiende a responder con el voto de castigo. Pretender ganar elecciones a través de una guerra jurídica no solo denota debilidad democrática, sino un cálculo erróneo: el pueblo ecuatoriano perdió la fe en el sistema, y con ello, en las trampas de quienes pretenden manipularlo.
Marco A. González N.
marcoantoniog31@hotmail.es