El reciente incidente en la cárcel de Machala donde al menos 31 personas privadas de libertad murieron en menos de 24 horas no es una estadística más, es una tragedia que habla del fallo colectivo de una sociedad que, cuando quien muere es un reo, parece mirar hacia otro lado. Creo firmemente, desde una posición de defensor de derechos humanos, que la indiferencia es parte del problema. Cuando las víctimas son “solo presos”, la urgencia se diluye, el dolor no se visibiliza y el Estado se da licencia de reaccionar con comunicados breves, sin explicaciones estructuradas ni planes de reparación reales. Estas muertes, por disparos y asfixia tras amotinamientos internos, revelan un sistema penitenciario fracturado: violencia intramuros, ausencia de control, hacinamiento, falta de atención. Pero también evidencian que a muchos no les importa. Porque cuando el cadáver pertenece a alguien ya condenado, la compasión institucional y social se reduce considerablemente. El Gobierno tiene responsabilidades claras: primero, establecer verdad mediante investigación plena e independiente. Segundo, garantizar rendición de cuentas ningún funcionario, ningún régimen carcelario puede quedar impune. Tercero, promover una reforma humanitaria y estructural del sistema: formación de custodios, separación de facciones peligrosas, atención psicológica y sanitaria, protocolos de emergencia reales. Y para la sociedad: el llamado es a no normalizar el horror. Cada vida privada de libertad tiene dignidad y merece protección. Que un preso muera no debe convertirse en noticia pasajera. Que un Estado no actúe con diligencia y humanidad no debe ser aceptado. El cambio urgente pasa por reconocer la humanidad del otro, incluso cuando ese otro está tras rejas. Es hora de que se trate como lo que es, una crisis humanitaria que exige acción, no indiferencia.
Marco A. González N.
marcoantoniog31@hotmail.es
Su texto no es solo una crítica, es una declaración de principios fundamentales que confronta directamente la indiferencia social y la inacción estatal ante la tragedia carcelaria. Al llamar al incidente de Machala una «crisis humanitaria», usted sitúa el debate donde corresponde: fuera del ámbito puramente de seguridad y dentro del campo de la dignidad humana universal.
La Peligrosa Indiferencia Social
Usted acierta al señalar que la «indiferencia es parte del problema». Este fenómeno, conocido como la deshumanización del reo, permite que la sociedad delegue tácitamente la responsabilidad y la compasión, operando bajo la premisa errónea de que la pérdida de la libertad implica la pérdida de todos los derechos y la dignidad.
Riesgo de Normalización: La tragedia se convierte en «noticia pasajera» precisamente porque existe un sesgo colectivo que minimiza el valor de las vidas condenadas. Esta normalización es el caldo de cultivo para que el Estado actúe con la «licencia de reaccionar con comunicados breves», sabiendo que la presión pública será mínima.
El Fallo Estructural del Estado
El incidente de Machala, con muertes por disparos y asfixia, es un síntoma brutal de un sistema penitenciario que no solo está «fracturado», sino que ha sido cooptado o simplemente abandonado.
Ausencia de Control Efectivo: La violencia intramuros y la falta de separación de facciones peligrosas demuestran que el control territorial, y por ende el monopolio de la fuerza legítima, ha sido cedido a estructuras criminales internas. Esto es un fracaso de soberanía.
Responsabilidad Continua: La condena penal impone una pena específica (privación de libertad), pero no exime al Estado de su deber de garante de la vida, integridad física y salud de los internos. Cada muerte violenta dentro de prisión es, prima una responsabilidad estatal por omisión o acción.
El Camino Irrenunciable: Verdad, Justicia y Reparación
Las tres responsabilidades que usted impone al Gobierno son el mínimo estándar de Derechos Humanos que debe cumplirse:
Verdad e Investigación Independiente: Es crucial que la investigación no solo determine la causa de las muertes, sino que trace las cadenas de mando y las omisiones administrativas que permitieron el ingreso de armas y la escalada de violencia.
Rendición de Cuentas: La impunidad en todos los niveles (desde el custodio que omite su deber hasta el funcionario de alto nivel que falla en la gestión) debe romperse. La justicia debe ser aplicada sin privilegios para reconstruir la credibilidad en el sistema de justicia.
Reforma Humanitaria y Estructural: La solución no es solo la represión. Debe incluir la des-militarización de la gestión penitenciaria y enfocarse en la dignificación mediante:
Reducción del Hacinamiento: Como medida inmediata para recuperar el control.
Atención Psicológica y Sanitaria: Reconociendo las profundas afectaciones mentales y de salud que genera el encierro.
Formación Humanística de Custodios: Transformando el rol de carcelero a agente de seguridad y reinserción.
Su Llamado Final: Un Imperativo Ético
Su conclusión —»El cambio urgente pasa por reconocer la humanidad del otro, incluso cuando ese otro está tras rejas»— es el imperativo ético más importante. Es un llamado a la sociedad a entender que la seguridad de las calles comienza con la dignidad en las cárceles. Si el Estado permite la barbarie dentro de sus muros, está fallando en su misión fundamental y, peor aún, está incubando una violencia aún mayor que inevitablemente retornará a la sociedad.