En este nuevo proceso electoral, no sorprende la reincidencia en prácticas indignantes ya vistas en comicios anteriores. El Ejecutivo ha desplegado su artillería: bonos, becas e incentivos que, si bien generan expectativa, también despiertan controversia.
Estos programas sociales, presentados como medidas de reactivación económica y apoyo a «sectores vulnerables», superan los 518 millones de dólares en inversión estatal. Sin embargo, su implementación en plena campaña por la Consulta Popular genera legítima sospecha e indignación. ¿Responden a una política pública estructurada o a una estrategia para captar votos? Visto el actuar de Daniel Noboa, más parece lo segundo ¡para sorpresa de nadie!
La entrega masiva de recursos estatales en contexto electoral plantea un dilema ético profundo: ¿Es legítimo ofrecer incentivos económicos mientras se busca apoyo ciudadano en las urnas? ¿Dónde termina la política social y comienza la propaganda?
Más allá del debate técnico, estos programas han logrado su cometido, impactar mediática y emocionalmente. Para muchos, representan alivio; para otros, manipulación en su versión más descarada. Esto, intensifica la polarización mientras el país observa cómo se entrelazan «de forma cada vez más burda» la asistencia social y la estrategia política.
Y mientras se reparten recursos estatales bajo la denominación de «programas sociales», las clínicas de diálisis enfrentan una crisis silenciosa, los proveedores del Estado acumulan millones en atrasos y los empleados públicos exigen el pago de sus remuneraciones. En este escenario, la pregunta no es solo ¿qué se entrega?, sino ¿a costa de qué y quiénes se entrega? La política del bono, lejos de ser una solución estructural, parece convertirse en una herramienta de campaña, disfrazada de solidaridad.
Néstor S. González Marca
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