Muchos, interesados o no en la realidad política del país, se preguntan y cuestionan: ¿Qué ha propuesto la Asamblea Nacional durante su gestión?, ¿Qué ha realizado el gobierno durante su periodo?, ¿Por qué el poder judicial sirve a los delincuentes?
Estas preguntas devienen por la precaria situación de nuestro país caracterizado por la poca o nula actuación de todas las funciones del Estados. Tenemos en la Asamblea Nacional un conjunto de legisladores que procuran el bien partidista antes que el bien común, que les interesa cambiar de presidente antes que cambiar la realidad del país. Lamentablemente, la función legislativa no ha estado a la altura para afrontar las crisis que han acaecido en el país. Solo ha servido para criticar al ejecutivo y nunca proponer.
Por su parte, la función ejecutiva, hoy victimizada por un juicio político en contra del presidente, está interesada en cuidar la reputación de su representante en vez de cuidar la reputación del país. Todos los esfuerzos se direccionan a enfrentar a la Asamblea y no a la delincuencia e inseguridad. No dicta políticas públicas, sino propuestas debido a que muchas de sus decisiones carecen de sustento técnico y legal.
Por último, una función ejecutiva identificada como medio servil para la liberación y no punición de los peces gordo del narcotráfico y delincuencia organizada. Su tarea se ha focalizado en la impunidad y no en el castigo, en la protección del delincuente antes que en la ciudadanía como víctima. El abuso de los mecanismos constitucionales ha sido el medio de exención penal.
Carlos Orellana Jimbo
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