Hoy, jueves 2 de diciembre de 2021, al mediodía se cumplirá la audiencia de apelación, sobre la sentencia que emitió la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, a favor de la Empresa Safety Enforcement sobre el Municipio de Loja para que pague la suma de cerca de 12 millones de dólares.
Sobre el tema, existe una preocupación a nivel cantonal, lo propio de los asambleístas de Loja, Johanna Ortiz Villavicencio, Lucía Placencia Tapia, Byron Maldonado Ontaneda y Manuel Medina Qhizhpe, quienes de manera conjunta impulsan el proceso de fiscalización y control al Consejo de la Judicatura para que se transparente unas posibles irregularidades en la acción de protección emprendida por la Empresa Safety en contra del Municipio de Loja.
La legisladora, Johanna Ortiz, insiste que lo primero es conocer si la acción de protección procede con el valor que se estipula, “además porque coincide con lo sucedido con el Municipio de Ambato y en donde participa la misma jueza”, puntualiza.
Reclama que se debe proteger los recursos de los lojanos, porque “esos 12 millones significan obras, atender a los sectores que no tienen servicios básicos y más aún que ahora no hay recursos”, insta y por eso estarán atentos a todo el proceso.
Entre otras situaciones expone que a las 17:33 ingresa el pedido de acción de protección y 15 minutos les tomó avocar a la audiencia y por eso piden investigación.
Es consciente que la Ley establece que son 10 días para que emitan la respuesta por parte la Judicatura, por eso, solicitaron una reunión con la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, misma que se estableció para hoy en la mañana, donde esperan respuestas y buscar una fiscalización para el trabajo de la jueza Jenny Freire. También acudirán representantes de los concejales para exponer el tema y exigir transparencia.
Seguidamente buscarán solicitarán información en la Agencia Nacional de Tránsito para conocer otros contratos con esta Empresa, lo propio a la Contraloría y no descartan pedir a la Fiscalía que investigue.