Un 18 de septiembre de 1859, el pueblo lojano reunido en Asamblea Popular, decide virtuosamente el gobierno federal frente a la crisis. El país, para la época se había fragmentado en tres gobiernos: el triunvirato en Quito, Guayaquil y Cuenca con el general Franco, y Loja con Manuel Carrión Pinzano y su gobierno federal. El acta del 19 de noviembre de 1859, en su primer Considerando dice que “esta provincia se halla en el deber de gobernarse y regirse por sí misma” para garantizar su bienestar.
La apuesta por una Loja Federal dio sus frutos en varias acciones, que al día de hoy, siguen siendo vigentes e importantes —muestras nada más, de que la historia no puede leerse sin mirar lo que sucede hoy—: se inicia una nueva división territorial de la provincia, se crea la Corte Superior de Justicia, un Instituto de Instrucción que unificó los dos colegios de la ciudad existentes, y que sirvió como extensión universitaria, y se inician gestiones para un Obispado de la ciudad, y se apertura también el puerto de Jambelí.
Este suceso histórico, que sin duda es el más elevado de los propósitos políticos de Loja y su provincia, debe ser abonado por la memoria de sus hechos, pero también debe ser repensado a la luz de nuestros días, en que la política sigue siendo la arena capturada por viejas y nuevas oligarquías, que concentrando el poder, desdeñan de las periferias, las aportan con caridades, las incluyen en circuitos menores: formas diversas que alimentan el éxodo y la migración, que no siempre son respuestas válidas para paliar la precarización de las condiciones de vida, que hoy son cada vez más comunes, más blandas, y menos denunciadas, porque además se esconden tras nuevos lenguajes que hacen de la dominación, un monstruo difícil de desentrañar.
Pablo Vivanco Ordóñez
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