Los subsidios a los combustibles representan un claro ejemplo de lo que en política pública se denomina un wicked problem: problemas complejos, enredados, sin soluciones simples y donde cada decisión acarrea nuevas tensiones. Son asuntos que se resisten a fórmulas rápidas, porque combinan factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Así ocurre con los subsidios: quitarlo de golpe puede provocar estallidos sociales, mantenerlo indefinidamente erosiona las finanzas públicas y beneficia a sectores que no lo necesitan.
La sociedad ecuatoriana no es ingenua: sabe que los subsidios a los combustibles fósiles cuestan caro al país. Durante años, han representado más del 3% del PIB; en 2025 los subsidios representaron alrededor de 2.500 millones de dólares; que han beneficiado de manera regresiva a quienes menos lo necesitan, desde industrias de gran escala hasta el contrabando en frontera.
El punto de quiebre está en la confianza. Este esfuerzo no puede irse “a un saco roto”, necesitamos política pública. La pregunta clave no es solo cuánto se ahorrará, sino a dónde irán los recursos liberados, si vamos a hacer un esfuerzo, muchos aceptarían una reforma si el dinero se dirige a salud, educación, vivienda social y programas de empleo que fortalezcan a los más vulnerables, siempre y cuando exista transparencia y mecanismos de control ciudadano.
La lección es clara: eliminar subsidios sin garantías de redistribución justa puede detonar conflictos sociales; focalizarlos con reglas claras y fiscalización ciudadana puede, en cambio, convertir una medida impopular en una oportunidad histórica.
Kevin Jiménez Villavicencio
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