Desde el inicio, el llamado «Nuevo Ecuador» ha demostrado que recicla las prácticas de la vieja política que tanto critica. El caso de Alondra Santiago en 2024 fue el primer indicio: su salida «voluntaria» del país estuvo marcada por amenazas a su integridad y una campaña de persecución política.
Ahora, la deportación del periodista Bernat Lautaro, asociado al medio independiente Pelo Fuego, representa una nueva estocada a la libertad de prensa. Expulsado en menos de 24 horas, sin acceso a tiempo suficiente para una defensa técnica adecuada ni comunicación consular inmediata, su caso evidencia un uso arbitrario del poder. El Ejecutivo lo justificó alegando una “amenaza a la seguridad nacional”, respaldado por un informe reservado que, más que proteger al país, pinta más como herramienta de censura.
Lo más alarmante es el silencio de aquellos sectores que antes se proclamaban defensores de la libertad de expresión. Hoy, guardan silencio ante una acción que vulnera principios democráticos básicos, en un país ya golpeado por la censura.
En lugar de abrir canales de diálogo, el gobierno endurece su discurso: llama “terroristas” a los manifestantes y acusa a los medios críticos de manipulación. Esta narrativa no busca proteger la seguridad, sino blindar al poder frente a la crítica.
Cuando el Estado decide expulsar a quienes informan, no está defendiendo la democracia: está apagando su voz y la verdad. La libertad de prensa no es un privilegio, es un pilar fundamental de cualquier democracia. Y en el «Nuevo Ecuador», ese pilar tambalea.
Néstor S. González Marca
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