Los asambleístas, que elegimos mediante el voto popular en las urnas, tienen como misión específica legislar, elaborar nuevos proyectos de Ley, para discutirlos en el seno de la Asamblea, analizarlos en el pleno, y aprobarlos, para que se constituyan en Ley de la República, pero pocos de ellos entienden este asunto, porque elaborar un proyecto de ley no es cuestión de «legos» en derecho, sino de ciudadanos que conozcan las Leyes, defiendan sus proyectos, deliberen sobre ellos y finalmente busquen su aprobación.
Sin embargo, la mayoría, salvo honrosas excepciones, son capaces de actuar de esta manera, por el contrario, se valen del cargo para satisfacer sus intereses personales, de grupo, o compromisos políticos del partido o de los grupos afines que auspiciaron sus candidaturas, a quienes hay que pagar favores, cuya misión ni de lejos se asemeja a la verdadera función de un “asambleísta”.
Es urgente reformar o elaborar un nuevo Código Integral Penal con el objeto que exista coherencia entre el delito y la pena, haya proporcionalidad, con el fin que al ejecutar la justicia se la aplique con estricta «justeza», ¿qué significa «la justeza de un juicio? Se refiere a la equidad, imparcialidad y regularidad, con la que se lleva a cabo un proceso judicial.
Junto a la elaboración de un nuevo COIP es necesario elaborar una nueva Constitución dejando de lado la que elaboraron los correístas a su gusto y sabor, con el objeto de proyectarse para buscar la impunidad en los delitos que cometieron o se cometan por parte de los integrantes de la Revolución Ciudadana.
Ahora bien, ¿por qué la Asamblea no ha podido cumplir su cometido? Porque al elegir a los asambleístas no hemos elegido a gente calificada, honesta, moral y ética que entiendan que a la Asamblea van a cumplir los dictados de su conciencia y el mandato del pueblo ecuatoriano y no a cumplir órdenes de los directores nacionales del partido y del presidente de la República.
Luis Muñoz Muñoz