Desde la perspectiva keynesiana, despedir a 5.000 empleados públicos en Ecuador es una medida regresiva y contraproducente. Keynes advertía que, en contextos de bajo crecimiento, el gasto público debe incrementarse para sostener el empleo y dinamizar la demanda agregada. Hacer lo contrario, reducir drásticamente el tamaño del Estado, solo agudiza la desaceleración económica.
Los empleados públicos no son solo cifras: son consumidores que sostienen economías locales. Al perder su fuente de ingresos, cae su capacidad de consumo, afectando directamente a pequeños negocios, transporte, educación y servicios. Se contrae la demanda efectiva, disminuye el producto y crece el desempleo privado.
Desde esta óptica, los despidos no son ahorro fiscal, sino una pérdida multiplicada para el ingreso nacional. Keynes denominó a esto la “paradoja de la austeridad”: al recortar el gasto, el Estado agrava la misma crisis que intenta resolver.
Peor aún, la medida se justifica con un discurso de “eficiencia”, sin presentar evidencia técnica que respalde la sobredimensión del sector público. Todo apunta a exigencias del FMI.
En un país con instituciones frágiles, despedir sin planificación no es eficiencia: es desmantelamiento. Y lo que se está desmantelando no es solo burocracia, sino el tejido social y económico del Estado.
Y cuando se desmantela el Estado, no solo pierde el servidor público: perdemos todos.
Santiago Ochoa Moreno
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