La contratación pública no es solo un procedimiento administrativo, es el punto donde el Estado se vuelve visible ante la ciudadanía. Por eso, los principios de transparencia y publicidad no deberían entenderse como simples formalidades, subir documentos, publicar convocatorias, cumplir plazos, sino como garantías democráticas para prevenir la arbitrariedad, permitir el control social y fortalecer la confianza en las instituciones.
En Ecuador, el portal de compras públicas ha sido un avance, pero hoy enfrenta un problema evidente, la realidad corre más rápido que la plataforma. La información suele presentarse de forma fragmentada, con buscadores poco amigables, datos incompletos o difíciles de rastrear y escasa interoperabilidad con otros sistemas del Estado. En un contexto donde la ciudadanía exige trazabilidad y rendición de cuentas, actualizar el portal ya no es un proyecto tecnológico, sino una reforma institucional urgente. Un sistema moderno debería permitir visualizar el ciclo completo, planificación, necesidad, especificaciones, ofertas, adjudicación, ejecución, pagos y sanciones, con datos abiertos y comparables.
A este desafío se suma uno aún más complejo, la inteligencia artificial (IA). La IA puede ser aliada para detectar patrones de sobreprecio, alertas de colusión o proveedores recurrentes; pero también puede convertirse en un riesgo si se usa para maquillar términos de referencia, simular competencia, producir documentos estandarizados sin análisis real o incluso manipular procesos mediante automatización opaca. La solución no es prohibirla, sino regular su uso, exigir trazabilidad de decisiones y crear controles verificables.
Nada de esto funcionará sin el factor humano. La contratación pública requiere servidores capacitados, no solo en normativa y procedimientos, sino en integridad, análisis de datos, gestión de riesgos y alfabetización digital. Un portal actualizado, una IA bien gobernada y equipos formados pueden convertir la contratación pública en lo que debe ser, una herramienta de eficiencia, pero sobre todo de legitimidad estatal.
Daniel González Pérez
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