Aunque el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) reporta una pobreza cercana al 24 %, un dato más preocupante proviene del Banco Mundial: cerca del 30 % de los ecuatorianos está en riesgo de caer en pobreza. Para quienes integran este grupo, la probabilidad de cruzar esa línea llega al 50 % en dos años y al 29 % en apenas uno. Si las políticas públicas se enfocan solo en reducir el déficit fiscal y no en atender esta vulnerabilidad creciente, Ecuador podría enfrentar una crisis económica y social mucho más profunda.
Un hecho reciente evidencia esa presión: el traslado de alrededor de 30.000 estudiantes desde instituciones privadas hacia escuelas públicas. Más que reflejar fortaleza del sistema estatal, este cambio muestra la dificultad de muchas familias para sostener el costo de vida.
Sumado a esto, el bajo crecimiento económico, la informalidad persistente y la inestabilidad laboral mantienen a miles de hogares en una situación frágil. Una enfermedad, la pérdida del empleo o un incremento en el costo de vida puede empujar rápidamente a una familia bajo la línea de pobreza. Aunque se han hecho esfuerzos por estabilizar las finanzas públicas, la fragilidad estructural persiste y las brechas territoriales siguen ampliándose.
Ecuador necesita un pacto urgente: políticas que protejan a los más vulnerables, fortalezcan la educación pública y reconozcan que la estabilidad no es solo fiscal, sino social y generacional. Sin este equilibrio, el futuro de millones de familias está en riesgo.
Santiago Ochoa Moreno
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