En el 2007, violando el ordenamiento jurídico vigente, el flamante presidente de la República, Rafael Correa, impuso una convocatoria a consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente. Para consumar dicho atropello fue clave el papel que jugó el ex Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por Jorge Acosta, de ingrata recordación para la endeble democracia ecuatoriana.
Instalada la Asamblea Constituyente, en la ciudad de Montecristi, su primera resolución fue asumir “plenos poderes” y destituir a los diputados del ex Congreso Nacional, a pesar de que los obsecuentes “diputados de los manteles” habían impuesto una mayoría subordinada a las órdenes que se emitían desde el Palacio de Carondelet (mal pagó el diablo “verde flex” a sus devotos).
En otras palabras, el “poder constituyente” anuló al “poder constituido”, con la complacencia de la mayoría absoluta de los ciudadanos, en cuyas cabezas había calado profundamente el discurso disruptivo de Rafael y sus adláteres. Esta Asamblea Constituyente legó al país un mamotreto jurídico, la vigente Constitución de 2008, que le permitió al correísmo concentrar todos los poderes del Estado, abusar de ellos e institucionalizar la corrupción más oprobiosa que hemos conocido.
Hace pocos días, el actual presidente de la República, Daniel Noboa, expidió un decreto ejecutivo convocando a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, sin tener los dictámenes previos de la Corte Constitucional, conforme los ordenan los artículos 104, 147, 438 y 443 de la Constitución de la República. Todo hacía pensar que se repetía la triste historia del 2007.
En contra de los mejores pronósticos, esta vez no hubo un Jorge Acosta ni un TSE que servilmente impongan la resolución de convocar, inconstitucionalmente, a una similar consulta popular. El Consejo Nacional Electoral no ejecutó la orden del presidente de la República y remitió el trámite correspondiente a la Corte Constitucional, que, con sensibilidad democrática, permitió que el presidente de la República rectifique y convalide la convocatoria a la referida consulta popular, que, ahora sí, cumple con los requisitos constitucionales y merece ser apoyada.
Gustavo Ortiz Hidalgo
gortizhidalgo@yahoo.com