La Corte Constitucional en ejercicio de sus atribuciones se pronunció, mediante sentencia, sobre la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Integridad Público, así como de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, en tanto se vulneró el principio de unidad de materia en ambos cuerpos normativos, además de afectaciones al principio de publicidad y deliberación democrática en el primer caso y, en el segundo, por seguir indebidamente un procedimiento abreviado.
No obstante, y si bien resultaba previsible la decisión tomada por el máximo órgano de interpretación y control de la Constitución, en tanto las mencionadas leyes fueron aprobadas vulnerando, de forma grosera, disposiciones constitucionales, que no fueron corregidas por la Asamblea Nacional ni el Presidente de la República que, valga recordar, tiene la calidad de colegislador.
Así las cosas, en un país medianamente civilizado, se esperaría que cuando se demuestra la existencia de un error, éste debe ser admitido en el propósito de enmendar rumbos, y en este caso en particular, de seguir el procedimiento legislativo. Esto hablaría no solo de una madurez de la clase política, sino de un apego a la ética pública y al estricto respeto por la institucionalidad.
Pero no. En el nuevo Ecuador, el oficialismo sigue dirigiendo sus dardos en contra de la Corte Constitucional, etiquetándola, sin sustento alguno, como enemiga del pueblo, por el ‘pecado’ de haberse convertido en el último bastión de defensa de la Carta Magna y del sistema democrático. Eso evidencia que en ADN hay una falta atroz de autocrítica que no les permite tener una lectura clara de los hechos, sino, más bien, deformaciones a conveniencia de una realidad paralela que se proyecta desde Carondelet a través de una aceitada maquinaria propagandística.
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y, por lo mismo, se regula a través de un contrato social y no bajo la lógica de administración de una hacienda bananera.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion