La democracia en Ecuador no se está extinguiendo bajo el estruendo repentino de un golpe militar; se está desgastando día a día, en silencio y a la vista de todos. Vivimos un proceso acelerado de sofocación social donde cuestionar al poder soberano se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Detrás de los discursos oficiales de orden y seguridad, se esconde una realidad lacerante: la persecución hacia todo aquel que desmonte la narrativa del régimen. Hoy, la libertad de expresión no solo enfrenta las balas del crimen organizado en las calles; enfrenta la intimidación directa desde las tarimas presidenciales y las redes institucionales. Cuando la voz de una comunicadora es descalificada desde la cúpula del Ejecutivo, activando linchamientos digitales, hostigamiento a sus familias y campañas de desprestigio, el mensaje para el pueblo es demoledor: si esto le hacen a una figura pública, imagínate lo que te puede pasar a ti. Este acoso sistemático no es un ataque aislado a un gremio profesional; es una ofensiva contra el derecho colectivo a saber, a dudar y a exigir cuentas. Cuando la presión política o los despidos disfrazados de reestructuración obligan a voces críticas a abandonar sus micrófonos, o cuando el miedo obliga a profesionales intachables a dar un paso al costado para proteger la vida de los suyos, la sociedad civil queda desarmada. La democracia de un país se mide por el espacio que se le otorga al pueblo para fiscalizar al poder sin terminar destruido en el intento. En Ecuador, ese espacio se estrecha peligrosamente. Mientras los problemas estructurales como la pobreza, el hambre y la violencia continúan carcomiendo la vida de millones de familias, el aparato gubernamental prefiere perseguir al mensajero antes que resolver la tragedia social. Un país donde para sobrevivir hay que agachar la cabeza y bajar la voz ha dejado de ser una república plena; se ha convertido en un territorio donde la verdad está en el exilio y la justicia sigue siendo una promesa rota.
Marco A. González N.
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