La reciente aparición pública del expresidente Oswaldo Hurtado ha encendido el debate político tras lanzar severas advertencias sobre supuestos aires de dictadura en el Ecuador actual. Resulta, sin embargo, una paradoja evidente calificar de autoritario a un gobierno democráticamente electo que actúa frente a la corrupción o procesa a figuras sentenciadas como Jorge Glass. Si el país viviera bajo una dictadura real, resultaría físicamente imposible que un exmandatario circule con absoluta libertad en medios prevaricando contra el poder sin sufrir persecución ni exilio. Las alarmas falsas de Hurtado revelan un profundo olvido y una inaceptable amnesia selectiva sobre lo que significaron los verdaderos abusos de poder y los costos sociales de su propio mandato.
Conviene recordar los pecados estructurales de su administración entre 1981 y 1984, marcada por la famosa sucretización (estatización) de la deuda privada externa. Mecanismo financiero nefasto que transfirió las millonarias obligaciones de los grandes grupos económicos y bancarios a las espaldas del Estado, beneficiando a las élites mientras al pueblo se le cargaba con el peso brutal del ajuste, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo y con ello sentenciando la estabilidad fiscal del país. Pretender hoy dar lecciones de moral es ignorar el pasado.
Para entender qué es una dictadura o un régimen de opresión, basta repasar la historia reciente y los atropellos sufridos por quienes denunciaron al poder. Hay que recordar la persecución implacable contra periodistas, los juicios millonarios y el exilio al que fueron empujadas voces críticas, el uso sistemático de cadenas nacionales para linchar honras, o los atropellos históricos contra la libertad de expresión que en su momento vivieron gremios y figuras como el periodista Valdivieso. Eso era asfixiar el disenso y atemorizar a la sociedad.
Que Hurtado exprese sus opiniones con total independencia es la prueba más contundente de que existen libertades públicas, a pesar de las crisis y los desafíos institucionales. Las falsas alarmas del exmandatario no defienden la democracia; buscan torcer la historia y blindar privilegios del pasado, reciclando un protagonismo político que prefiere callar sus propias culpas.
Pablo Ortiz Muñoz
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