Todos los días se reportan crímenes en Ecuador. En 2025 ocurrieron 9.216 homicidios intencionales, con una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos oficiales. Las secciones periodísticas que cubren estos acontecimientos casi siempre cuentan lo que pasó, pero rara vez explican cómo prevenir o cómo contribuir a una pedagogía de seguridad ciudadana.
La responsabilidad de proteger el derecho a la vida recae en los Estados y sus instituciones; sin embargo, las débiles gestiones institucionales han convertido los servicios públicos en prestaciones insuficientes, y queda en manos de las personas la ejecución de mecanismos de prevención o incluso de remediación frente a atentados.
En este marco, queda en un plano secundario el pensar en políticas informativas que orienten a los ecuatorianos para convivir en espacios seguros. Ante la violencia cotidiana, las respuestas inmediatas son levantar barreras, instalar alarmas, retirarse de los espacios públicos o cerrar comercios, es decir, restringir la calidad de vida para quienes puedan pagar por estos mecanismos de amparo, pero ¿qué pasa con aquellos que no puedan hacerlo?
Como en Colombia, que ha avanzado en procesos de diálogo para reducir la violencia, el diálogo es la base para identificar acuerdos que lleven al cese de enfrentamientos, y es precisamente aquí donde se requiere que los medios de comunicación, los influenciadores, las escuelas y los políticos aporten información de calidad sobre la vida cotidiana, con pluralidad y diversidad.
Para edificar consensos se necesitan abundantes datos, testimonios y una participación pública que se logrará luego de exponer las aspiraciones, temores y vivencias de cada parte. Entonces, se podrán construir políticas públicas de información para la seguridad, cuyo impulso corresponde al Consejo de Comunicación.
Abel Suing
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