Ya señalamos que las democracias occidentales se han sostenido sobre el pilar de la división clásica en tres poderes o funciones del Estado —legislativa, ejecutiva y judicial—. Fue la Venezuela chavista, con la expedición de la Constitución de 1999, el primer Estado en establecer formalmente un sistema de cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
La constitución correísta, aprobada en 2008, no solo siguió esos malos pasos, sino que engendró dos monstruos que han vuelto al Ecuador ingobernable. El primero es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que ejerce competencias nominadoras que no las tiene ningún órgano de su modelo chavista; pues estas atribuciones son exclusivas de la Asamblea Nacional.
El otro monstruo es el Consejo de la Judicatura (CJ), establecido como el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función Judicial (Art. 178). En los hechos, es el instrumento para el chantaje y presión para violar la independencia judicial e influir en las resoluciones jurisdiccionales. Tan bajo ha caído la entidad que su presidente, que sigue muy orondo, está denunciado por defender (junto con su esposa) a narcotraficantes y delincuentes de la peor ralea.
También en este caso el correísmo rebasó a su modelo chavista. La Constitución de Venezuela establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial), luego de un proceso “participativo”, serán seleccionados por la Asamblea Nacional (Art. 264). Dicho Tribunal crea una Dirección Ejecutiva de la Magistratura para los procedimientos administrativos (Art. 267); es decir, los jueces están por sobre el órgano administrativo, y no al revés, como sucede en el absurdo sistema ecuatoriano.
Más temprano que tarde, el Ecuador debe regresar al esquema clásico de los tres poderes o funciones del Estado. El Cpccs y el CJ deben desaparecer de la estructura orgánica de la Constitución. Si no avanzamos en este camino seguiremos siendo el escenario propicio para la concentración del poder político, el abuso de las potestades estatales y la institucionalización de la corrupción; no importa si el color que predomina es verde flex, azul o morado.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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