Solemos pensar en la corrupción como un robo abstracto al erario, un intercambio de «mordidas» en despachos elegantes o el desvío de fondos hacia paraísos fiscales. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda: la corrupción mata. Cuando el dinero destinado a la seguridad se diluye en comisiones ilegales, el precio no se paga con billetes, sino con vidas humanas.
El reciente y trágico accidente de tren en España (enero 2026) es el recordatorio más doloroso. Mientras las familias lloran a sus fallecidos, las investigaciones apuntan a que los tramos donde ocurrió la tragedia fueron gestionados por empresas vinculadas a tramas de favores políticos y adjudicaciones bajo sospecha. No es un caso aislado. Ya en el accidente de Angrois (2013), la sombra de la falta de medidas de seguridad obligatorias para ahorrar costes políticos dejó una herida de 80 muertos que aún no cierra.
Esta negligencia criminal se repite globalmente. Lo vimos en el Tren Interoceánico de México, donde alertas de «mala planificación» y deficiencias estructurales terminaron en descarrilamientos fatales. Lo vemos cada vez que un hospital recibe medicamentos falsos o infraestructura deficiente porque alguien decidió que su enriquecimiento personal valía más que la salud pública.
La corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones; destruye los frenos y contrapesos que nos mantienen a salvo. Cada vez que un político acepta un soborno para saltarse una inspección o adjudicar una obra a un amigo negligente, está firmando una sentencia de muerte que, tarde o temprano, alguien inocente tendrá que cumplir.
Victoriano Suárez Álvarez
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