Ecuador se desangra en una crisis multifactorial. La violencia del crimen organizado, la parálisis institucional y la profunda polarización política han secuestrado la agenda nacional. En este escenario de bandos confrontados, se plantea la pregunta de si el país necesita una nueva Constitución, reemplazando la vigente desde 2008.
La respuesta, desde una perspectiva crítica, es que la solución a la crisis no está en el papel, sino en la voluntad política y la acción legislativa. La Constitución actual, más allá de su carga ideológica, contiene principios de desarrollo y derechos que han sido ignorados o mal implementados. Un nuevo proceso constituyente, en este clima de alta fragmentación, podría profundizar las divisiones, si se convierte en una mera agenda de gobierno y no en un verdadero Pacto Social de Estado que el país requiere.
El camino responsable exige una agenda legislativa robusta enfocada en tres ejes prioritarios:
1. Seguridad y Justicia: Reformar el Código Penal para desmantelar la impunidad, fortaleciendo el sistema judicial y dándole herramientas efectivas contra el narcoterrorismo.
2. Institucionalidad: Romper el hiperpresidencialismo y depurar el aparato público para garantizar servicios de calidad, combatiendo la corrupción enquistada.
3. Economía y Desarrollo: Fortalecer el presupuesto, atraer inversión mediante alianzas público-privadas y potenciar la matriz productiva rural, con competencias y recursos bien definidos para los GAD.
Debemos dejar de lado el debate ideológico. La Constitución es el horizonte de convivencia. La urgencia es enfrentar los problemas estructurales con leyes claras y acción política decidida, para que el desarrollo y el crecimiento dejen de ser promesas y se conviertan en la realidad de un Ecuador estable y seguro.
Paúl Cueva Luzuriaga
paulscueva@hotmail.com