El 2023 fue un año de crisis política, social y económica. Las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo calentaron las calles, pero las clases dominantes supieron paliar, momentáneamente, la crisis política aplicando la “muerte cruzada”. La derecha, de distinta variante, sigue gobernando desde el retorno de la democracia representativa.
La crisis social sigue su ascenso. Según el INEC: 27 de cada 100 ecuatorianos están bajo la línea de la pobreza, es decir, 5 millones viven con menos de 3 dólares al día. De los 8,4 millones de personas que conforman la PEA, 2,9 millones de personas (34,5%) tenían un empleo adecuado, frente a 5,1 millones (61,4%) que tenían un empleo en condiciones no adecuadas. Más de 200 mil niños, niñas y adolescentes abandonaron el sistema educativo.
La inseguridad crece groseramente. Entre enero y noviembre se registraron 277 femicidios. Se calcula que el año cerrará con 7.607 asesinatos, muchos relacionados con el crimen organizado.
Las arcas fiscales culminan con un déficit de USD 5 mil millones, es decir, casi 4% del PIB. La deuda pública alcanza USD 75.227 millones, equivalente al 62% del PIB.
El arribo de Noboa y el pacto de la impunidad (RC5-PSC-ADN) lejos de lograr gobernabilidad está generando choques entre ellos, decepción en los partidarios y mandantes. El proyecto de “Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo” es una repetición de los tres anteriores gobiernos para perdonar USD 2 mil millones a los grandes grupos empresariales, mientras solo se eleva USD 10 al salario de los trabajadores.
El caso “metástasis” demuestra el grado perverso de injerencia del crimen organizado en las instituciones del Estado. Todo está contaminado, se debe investigar y sancionar con mano dura. El año 2024 no será fácil para el Gobierno y la Asamblea, los trabajadores y pueblos demandan cumplimiento de ofertas electorales y una vida digna.
Remo Cornejo Luque