“El 30 de junio de 2020, a eso de las 20:00, cuando me retiraba de mi turno, llegó a mi correo un memorándum, en donde se me indicó que se daba por terminadas mis relaciones laborales”, expresa Érika Estefanía Erique Camposano, quien manifiesta que desde el 1 de septiembre de 2019 venía prestando sus servicios en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, del Seguro Social, en condición de oficinista, bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales.
Tras recibir la notificación, presentó una acción de protección y con fecha 31 de agosto de 2020 la Sala de lo Civil, Mercantil y Laboral falla a su favor señalando que se ha vulnerado tres derechos: a la seguridad jurídica, al debido proceso, y al trabajo y “se ordena a las autoridades del IESS (…) reintegrarme al trabajo, dándoles ocho días laborables para hacerlo”, manifiesta.
Sin embargo, acota que hasta el 9 de octubre pasado no era reintegrada a su puesto, a pesar que el 22 de septiembre la jueza de lo Civil vuelve a insistir a los directivos del IESS reincorporarla a sus funciones. “Me preocupa sobremanera que las autoridades no cumplan esta sentencia judicial, vulnerando los derechos y burlándose de la Justicia, siendo indiferentes a las sentencias judiciales”, precisa.
“Me siento consternada, vulnerada e indefensa ante esta situación”, expresa Érika Erique, al tiempo informa que con fecha 14 de septiembre se ofició incluso a la Defensoría del Pueblo de Loja para que realice el seguimiento al cumplimiento del fallo correspondiente.
Sobre si hubo algún motivo para que se la haya despedido, Érika Erique asegura que no y que más bien brindó su contingente en el área donde se ubicó a los contagiados con el Covid-19 y que producto de ello dio también positivo para coronavirus.
Respecto a esto último, cuenta que se vio obligada a separarse de sus hijas por el lapso de cuatro meses, con el fin de no contagiarlas con el virus. La demandante señala que los directivos del IESS-Loja aducen que la separaron de la institución en vista que se reestructurará el Departamento de Compras Públicas, lo cual no “entiendo porque estaba laborando en el Área de Emergencia durante toda la pandemia”.
La funcionaria dice que son cuatro meses que se encuentra fuera de su lugar de trabajo y también sin percibir sueldo alguno, pese a que la sentencia dispone también el pago de sus remuneraciones, en condición de reparación integral. HORA32 quiso recabar vía telefónica un criterio del director provincial del Seguro Social, Ricardo Bueno Arévalo, sin embargo, su celular estuvo apagado.
CLAVE
El 30 de junio fue notificada con un memorándum de despido de sus funciones.