Jueza no admite demanda de Avendaño, asesor del alcalde, contra ocho ediles

El demandante anunció que el fallo será apelado. Concejal opina que estos juicios sientan un precedente negativo.   

El Municipio de Loja es testigo de un enfrentamiento jurídico entre un asesor del alcalde y ocho ediles.
El Municipio de Loja es testigo de un enfrentamiento jurídico entre un asesor del alcalde y ocho ediles.

La acción de protección con medida cautelar presentada por Darwin Rolando Avendaño Delgado, asesor del alcalde del cantón Loja, Franco Antonio Quezada, fue inadmitida por la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Loja, a través de la jueza, Narcisa del Lourdes Acaro Castillo.

Ocho ediles, demandados

El miércoles, 31 de enero de 2024, el funcionario municipal acudió a la Justicia lojana para demandar a ocho concejales del cantón: Pablo Aníbal Carrión Jaramillo, Edwin Miguel Castillo, Santiago Alexander Erráez Veintimilla, John Esteban Espinosa Villacrés, Iván Ludeña Astudillo, Pablo Aníbal Quiñónez Riofrío, Lenin Gabriel Cuenca Mendieta, y Diana Carolina Guayanay Llanes, quien es la actual vicealcaldesa.

La demanda surge a raíz de una sesión de Cabildo, del 30 de noviembre de 2023, donde los ediles aprobaron que los proyectos de ordenanza fueran dirigidos a las comisiones correspondientes y no a una que no tiene relación con el tema a debatirse.

La audiencia se cumplió el 12 de marzo pasado. Allí, la jueza emitió su pronunciamiento que se hizo público en la reanudación de la audiencia, el último viernes, 22 de marzo de 2024.  Pablo Aníbal Quiñónez Riofrío, uno de los ediles enjuiciado, dice que la magistrada rechazó la acción de protección planteada por el asesor Avendaño, no obstante, ese día el defensor del demandante anunció que el fallo sería apelado. 

Un precedente negativo

Pablo Quiñónez opina que este tipo de litigios es un precedente negativo cuando, a través de acciones judiciales, se quiere impedir que el Cabildo cumpla con su labor que es normativa, provista de una motivación correspondiente y una fundamentación legal, enmarcada dentro de la competencia que tiene ese cuerpo colegiado para emitir resoluciones normativas.

Acota que este tipo de acciones de protección retrasan el proceso normal que, en el presente caso, lleva ya ventilándose en la Justicia desde enero pasado, mientras que el proyecto de ordenanza de procedimiento parlamentario, que fue enviado erróneamente a una comisión que no correspondía, tarda en tratarse, así como la otra ordenanza relacionada con las figuras de pan que, normalmente, debe ir a la comisión de planificación y presupuesto, sin embargo, fue enviada a la de turismo.   

PARA SABER

El abogado de la parte demandante apelará el fallo ante otra instancia judicial.