Nuestro país presenta un escenario desfavorable para nuestros jubilados y para quienes buscan jubilarse. Nuestro marco jurídico reconoce para ellos el pago de una compensación jubilar por sus años de servicio; sin embargo, esto es solo un reconocimiento formal porque materialmente no se garantiza su pago.
Ante este escenario, estas líneas buscan visibilizar esta problemática que atraviesan los adultos mayores y que demuestran fácilmente que una norma legal pese a estar vigente no es eficaz debido al elevado grado de incumplimiento por parte de las autoridades.
Los jubilados, título muy bien merecido luego de su vida laboral, vienen realizando constantes requerimientos para el pago de esta compensación. Ellos han recurrido a la marcha y huelga de hambre, pero en nada ha modificado esta triste realidad, por el contrario, más bien ha provocado la afectación a su plan personal deseado, limitándoles y hasta impidiéndoles sus aspiraciones porque algunos ya han fallecido.
Por su parte, aquellos deseosos de jubilarse han sido ignorados, sus peticiones de retirarse y empezar a disponer de un tiempo libre han sido desatendidas. A este grupo a más de impedir el acceso al pago de la compensación jubilar, se les ha obstaculizado disfrutar de sus años de vida restantes fuera del ambiente laboral, el ocio y el desarrollo personal deseado en esa etapa generacional.
Estas circunstancias, provocadas por las autoridades estatales y sus efectos en los adultos mayores, deben ser eliminadas o en su defecto mitigadas. Detrás de ellos hay deseos, anhelos, necesidades y familia. El estado debe priorizar su pago frente a otros rubros u optar por la suscripción de acuerdos de pagos prorrateados, pero jamás mantener autoridades impasibles frente a esta realidad de nuestros mayores.